En las últimas semanas se ha empezado nuevamente a discutir la problemática que implica vivir en un país que aún conserva una tradición de intervención de la Iglesia Católica en los asuntos políticos. En efecto, el concordato que se mantiene con la Iglesia y su presencia constante en los escenarios público-políticos marca la pauta de muchos debates y posiciones sostenidas antes que en el bien común, en las creencias dogmáticas de algunas personas.
Mantener esta relación, que implica una intervención de la Iglesia en el Estado implica varios problemas. Por un lado, es evidente que en el Perú hay muchas Iglesias, no solo la católica. Las Iglesias Carismáticas y Protestantes tienen cada vez mayor presencia. Un Estado confesional implica hasta cierto punto marginar a otras iglesias, puesto que el Estado tendría una posición concreta de fe diferente de las otras creencias. Esto implicaría que se legisle desde una mirada y no necesariamente para el bien común, incluyendo el respeto de las “minorías” religiosas.
Por otro lado, en el Perú, la jerarquía de la Iglesia católica es una de las más conservadoras del continente. Está bajo el control del Opus Dei, a tal punto que el Cardenal pertenece a esta organización. Esto ha implicado que la Iglesia oficial tenga puntos en contra de derechos básicos de las personas, como los derechos sexuales y reproductivos, aduciendo contra estos creencias dogmáticas antes que argumentos científicos, polarizando los debates en lugar de ejerciendo la discusión argumental.
Por estas y otras muchas razones el tema del Estado Laico no es solo una discusión, sino un derecho de todos y todas, y una posición de principio que respeta la diversidad, la diferencia y la igualdad, incluso entre quienes no son la mayoría.
